El legislador del PT busca reconocer al juego patológico como una adicción conductual que requiere atención médica y rehabilitación especializada.
Omaida Melissa García
Morelia, Michoacán, 4 de junio de 2025.— Ante el creciente número de centros de apuestas en Michoacán y la falta de atención institucional al juego compulsivo, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Reyes Galindo Pedraza, propuso reformar la Ley contra las Adicciones del Estado para incluir la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con ludopatía.
Durante sesión del Congreso local, Galindo argumentó que, aunque tradicionalmente la política de salud pública en torno a las adicciones se ha enfocado en el consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco y las drogas ilícitas, es momento de ampliar el enfoque hacia las llamadas adicciones comportamentales, entre las que destaca el juego patológico.
“Este tipo de adicciones, reconocidas por organismos como la Asociación Americana de Psiquiatría, también causan deterioro significativo en la vida personal, familiar, laboral y social de las personas. La ludopatía no es solo una mala costumbre, es un trastorno que requiere intervención especializada”, señaló el legislador.
El también líder parlamentario del PT advirtió que uno de los principales desafíos es la falta de datos oficiales sobre esta problemática en Michoacán. La ausencia de estadísticas y estudios epidemiológicos limita la posibilidad de diseñar programas de prevención y atención eficaces, dijo.
Además, apuntó que la proliferación de establecimientos de apuestas —muchos de ellos con escasa regulación— sugiere un aumento preocupante en los casos de juego compulsivo en el estado.
Por ello, la propuesta legislativa busca que la ley contemple la rehabilitación de personas con adicciones conductuales a través de un enfoque terapéutico integral, con atención multidisciplinaria que promueva su reintegración plena a la comunidad.
“Debemos dejar de ver estas adicciones como un tema menor o exclusivo del ámbito privado. Se trata de un asunto de salud pública que exige respuestas institucionales”, concluyó Galindo.
