Por Omaida Melissa García | 637

Morelia, Michoacán, 10 de julio de 2025. – Entre ausencias estratégicas, memoria selectiva y un apresurado relevo, el Congreso de Michoacán aceptó la renuncia anticipada del fiscal general del estado, Adrián López Solís, sin resolver l vacío legal que existe en la ley sobre la temporalidad.

Con la salida formal de López —quien deja inconcluso su mandato por casi tres años—, el Legislativo abrió la puerta a una transición cargada de señales políticas. Aunque la ley establece que el periodo del fiscal es de nueve años, el dictamen aprobado no aclara si quien ocupe el cargo concluirá el tiempo pendiente o comenzará un ciclo completo.

El vacío legal fue señalado por varios legisladores, aunque no impidió la votación. El dictamen fue aprobado en el Pleno, en ausencia de tres diputados: Belinda Iturbide e Itze Camacho, de Morena, y Alfredo Anaya, del PVEM.

Previo a la votación, la diputada Sandra Olimpia Garibay recordó que durante la designación de Adrián López, el 24 de febrero de 2019, el único voto en contra fue el de Alfredo Ramírez Bedolla, actual gobernador del estado, quien entonces acusó que el nombramiento respondía a intereses del exmandatario Silvano Aureoles. “Fiscal carnal”, le llamó.

El apunte quedó flotando. Sin espacio para el debate, de inmediato se abrió una nueva sesión extraordinaria, en la que se aprobó la convocatoria para seleccionar al nuevo o nueva fiscal general. El movimiento fue interpretado por varios sectores como un paso calculado para allanar el camino al actual secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, quien se perfila como el candidato natural del oficialismo. 

Fue en esa sesión en la que se aclaró lo que señala la ley, que solo por fallecimiento se debe reponer todo el procedimiento para que el próximo titular sea por nueve años, sin embargo López renunció, no murió. 

Distintas voces ya advierten que el proceso de selección podría replicar el mismo patrón de control político que Bedolla antes criticó. Hoy, las coincidencias colocan a Torres Piña como posible “fiscal carnal” versión 2025.

Mientras el discurso gira en torno a la legalidad y el fortalecimiento institucional, los hechos muestran otra narrativa: la de una sucesión diseñada desde el escritorio del poder ejecutivo.

Y en Michoacán, la Fiscalía, más que garante de justicia, parece seguir siendo ficha de cambio en la geometría política del estado.

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