La diputada Sandra Arreola busca que los socios y accionistas respondan por el daño ambiental, incluso si sus empresas desaparecen legalmente.
Por Omaida Melissa García
Morelia, Michoacán a 09 de julio de 2025.- Con un llamado a la justicia ambiental y al fin de la impunidad corporativa, la diputada Sandra Arreola, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó este miércoles una iniciativa en el Congreso de Michoacán para modificar la Ley de Responsabilidad Ambiental del estado y cerrar un vacío legal que —según señaló— permite a empresas contaminantes evadir sus responsabilidades simplemente disolviéndose.
“La irresponsabilidad ambiental no puede seguir quedando impune”, afirmó la legisladora desde tribuna. Su propuesta busca adicionar un segundo párrafo al artículo 32 de dicha ley, estableciendo que cuando una empresa desaparezca jurídicamente sin haber reparado el daño causado al medio ambiente, la responsabilidad no desaparezca con ella, sino que se traslade a las personas físicas que la integraban, como socios, accionistas o administradores.
Arreola expuso que esta medida responde a una problemática tangible: en Michoacán, de las 340 empresas con licencia ambiental, casi 100 presentan irregularidades, desde emisiones fuera de norma hasta falta de documentación actualizada. Muchas de estas se concentran en municipios como Morelia, Uruapan, Zitácuaro y Maravatío.
“El 30 % de las industrias michoacanas ha adoptado procesos limpios. En el caso del sector plástico, el 70 % no está preparado para cumplir con medidas ecológicas”, denunció la diputada.
El impacto ya es visible en comunidades y zonas rurales, donde se contabilizan al menos 100 tiraderos clandestinos que vierten unas 4 000 toneladas diarias de residuos, de los cuales solo el 5 % se recicla. Además, durante 2024 la Procuraduría de Protección al Ambiente inició 372 procedimientos administrativos por infracciones ambientales, siendo Morelia el municipio con más expedientes abiertos.
Arreola subrayó que una de las prácticas más comunes entre empresas infractoras es desaparecer legalmente para evadir las sanciones, dejando al Estado y a las comunidades afectadas con la carga económica y ambiental. “¿Quién paga el daño si la empresa deja de existir? Nadie”, dijo.
La propuesta busca que quienes hayan lucrado con actividades contaminantes no puedan usar una razón social como escudo. De aprobarse, se sentaría un precedente en la legislación estatal para responsabilizar personalmente a quienes se benefician del deterioro ecológico.
“Si alguien contamina, debe reparar; si alguien daña, debe responder. No hay futuro si no hay cuidado del medio ambiente”, concluyó Arreola.
