Morelia, Mich., a 25 de noviembre de 2022.- En el marco legal que actualmente existe en el país no está prohibido que reclusos cuenten con algún tipo de celular, sostuvo Ignacio Mendoza Jiménez, coordinador de Centros Penitenciarios en Michoacán, dejando de lado que la mayoría de extorsiones telefónicas en México provienen de las cárceles.
“En la conferencia nacional de reclusorios se debate qué hacer con los celulares. No existe en el marco legal de este país la prohibición para que el recluso tenga un celular”, sostuvo y agregó.
“No conozco una resolución judicial, que es el único capaz de determinar la suspensión de derechos humanos, que establezca que el señor que fue condenado por homicidio tenga además la prohibición de usar un teléfono celular, no existe”.
Mendoza Jiménez mencionó además, haber sido cuestionado hace meses del porque el feminicida local de Altozano (Diego Urick) tenía más privilegios que el resto de los reclusos al contar con un colchon de mejor calidad, lo que le llevó a contestar que el señalado tenía los recursos suficientes para tener una mejor cama al no estar negado por la ley.
Pensar que las cárceles son universidades del delito, donde ellos son los malos y el resto de la población es la buena, es un error, mencionó en conferencia de prensa, pues las personas privadas de su libertad también tienen derechos y tanto existen malos al interior de las cárceles como afuera de ellas.
Este viernes, un oficial adscrito al Centro de Readaptación Social (Cereso) “David Franco Rodríguez” dio a conocer que el primero de marzo de 2021, se le decomisó a Diego Urick un celular marca Samsung Galaxy, mismo que ocultó al interior de su celda y que muy probablemente fue introducido por el personal del Cereso.
En el segundo informe del Gobierno Federal de la actual adminsitración se detalla que a partir de marzo de 2020, se requirió a directores generales de Cefereso un infome pormenorizado sobre la inspección, revisión y confiscación de celulares, como resultado, al 30 de junio de ese año en tres Centros Federales y 18 estatales se les anularon 16 mil 470 líneas y 14 mil 964 aparatos, al considerarse que de enero a junio de ese año se registraron 5 mil 629 denuncias de víctimas de extorsión.
En un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), fechado en 2018 se revela que teléfonos en los penales fueron la fuente de 219 mil llamadas de extorsión en un periodo muestra de tres semanas, lo que indica al menos 3.7 millones de llamadas anuales.
