Morelia, Michoacán a 01 de julio de 2025.- Un caso que evidencia las fisuras del sistema judicial en Michoacán ha vuelto a encender las alertas: la periodista Ireri Rodríguez Soto, víctima de tentativa de feminicidio y violación, podría volver a enfrentar la libertad de su agresor por decisión del mismo juez que ya lo benefició en una ocasión anterior.
La madre de la víctima, Gabriela Soto, denunció públicamente que el juez de control de Zitácuaro, Fernando Javier Gámez Piñón, ha convocado a una audiencia urgente este miércoles 2 de julio a las 09:30 horas, con el objetivo de revisar las medidas cautelares impuestas a Óscar N., presunto responsable del ataque cometido en Tuxpan, Michoacán, bajo la causa penal 119/2024.
Ireri Rodríguez es periodista y directora de información del medio local El Escudero de Tuxpan. Fue agredida en circunstancias que no solo configuran violencia de género, sino un intento claro de silenciar su trabajo periodístico. El agresor fue detenido en septiembre de 2024, pero solo tres semanas después obtuvo su libertad, luego de que el juez Gámez Piñón modificara la medida cautelar.
La libertad de Óscar N. duró poco. El 20 de octubre se presentó nuevamente en el domicilio de la víctima, lo que provocó un nuevo operativo policiaco. Al sustraerse de la justicia y dejar de acudir a firmar, se giró una orden de reaprehensión. Fue detenido de nuevo el 28 de diciembre en Tuxpan tras una persecución.
Ahora, la defensa del agresor —que ni siquiera compareció a la audiencia intermedia del pasado 1 de julio— busca beneficiarse del desplazamiento forzado de la víctima, como argumento para solicitar una nueva modificación a la medida cautelar. A pesar de los antecedentes, el juez ha accedido a evaluar dicha solicitud.
“¡Ya basta con poner en riesgo la vida de mi hija y su familia! Alguien debe frenar el abuso y el poder de este juez”, denunció Gabriela Soto, madre de la periodista, en un llamado directo al presidente del Poder Judicial en Michoacán, Gerardo Contreras Villalobos.
Organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas y asociaciones de periodistas han comenzado a alzar la voz ante lo que califican como una cadena de omisiones, negligencia judicial y revictimización institucional.
Mientras tanto, Ireri Rodríguez sigue desplazada, viviendo con temor y sin garantías reales de protección. La audiencia de este miércoles podría convertirse en un nuevo capítulo de impunidad.
