Omaida Melissa García | Periódico 637
Morelia, Mich., a 13 de junio de 2022- Abogados del Congreso del Estado hacen mal uso del poder legal que otorgó la presidenta de la Mesa Directiva Adriana Hernández Íñiguez, para adquirir el software PRO GRP, que compró la Septuagésima Quinta Legislatura a la empresa C.P.M.FC.P.A.G, quien tiene como representante a José Alfredo Aburto Gaytán.
El software tuvo un costo de 5 millones 360 mil pesos según consta en el contrato que firmaron los abogados Jaime Virgilio Moreno Zavala y María Isabel Ceja Linares, quienes a pesar de contar con una carta poder para actos administrativos en materia laboral, firmaron la adquisisión sin tener capacidad legal para adquirir un bien en su calidad de admistración de dominio.
El poder, según su contenido y cláusulas en poder de este portal, no permite realizar la compra del sistema que además, fue adquirido bajo cuestionamientos de transparencia pues la licitación fue hecha en lo corto con tan solo tres empresas, por lo que los abogados que lo utilizaron podrían haber incurrido en ilegalidad, ya que el documento firmado Hernández Iñiguez no otorgaría la posibilidad de adquirir bienes y servicios.
La decisión de compra a decir del contrato contó con el aval del entonces secretario de entonces Secretario de Finanzas, Mario Alberto Villegas Alfaro, propuesto en por el diputado J. Jesús Hernández Peña del PRI, y del que tendría conocimiento la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
El contrato bajo el esquema de confidencialidad a pesar de ser una adquisión pública, tiene además, errores en sus cláusulas, evidenciado una compra exprés.
El 27 de abril de 2022 el diputado de Morena Juan Carlos Barragán, junto a sus compañeras Julieta García Zepeda y Eréndira Isauro Hernández, presentaron diversas denuncias tanto administrativas como penales en contra de quien resulte responsable por diversas irregularidades en la adquisición de un software.
Los delitos versarían sobre de comparsa de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades. Así mismo se interpusieron denuncias frente a la Auditoria Superior de Michoacán y la Contraloría Interna del Congreso del Estado, por faltas administrativas graves de servidores públicos por cohecho, peculado, abuso de funciones y tráfico de influencias.
