Sin respaldo legal ni cuidado del debido proceso, el líder priista ofrece recompensa y señala con nombre y rostro a presuntos responsables de asesinato.
Omaida Melissa García
Morelia, Michoacán, 9 de junio de 2025.– El diputado local y dirigente estatal del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, ha vuelto a colocar en entredicho el papel de la clase política en la justicia al lanzar una acusación pública, sin proceso legal de por medio, contra Ernesto Rafael Rosales Zepeda, alias “Sierra 1”, a quien acusa de ser responsable del asesinato del maestro mezcalero Sergio Rangel Vieyra, ocurrido el pasado 22 de mayo.
En conferencia de prensa, Valencia no solo señaló con nombre y apellido al supuesto autor intelectual del crimen, sino que también hizo apología del delito al hablar del operativo del homicidio y los apodos de dos supuestos sicarios —“El Chuki” y “El Conta”—, ofreciendo además una recompensa de 10 mil pesos a quien le proporcione fotografías actuales de los presuntos delincuentes.
“El mal tiene nombre, voz y rostro”, declaró el dirigente priista, sin aclarar si los señalamientos se encuentran sustentados en una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. Tampoco ofreció, en lo inmediato, pruebas que respalden su versión de los hechos, solo el dicho de que publicaría un video de lo acontecido.
Valencia acusó además que “Sierra 1” opera con impunidad en la zona sur de Morelia, desde el fraccionamiento de Altozano hasta Villa Madero, amparado presuntamente por autoridades locales y estatales a quienes, según dijo, “soborna con dinero proveniente de la tala ilegal y el trabajo forzado en el campo”.
La postura del dirigente, que recuerda más a una estrategia de redes sociales que a un proceder institucional, ha sido replicada en sus canales personales, especialmente en Facebook, en donde llama abiertamente a “hacer famosos” a los sicarios para “romper el anonimato, el principal aliado del crimen”.
¿Justicia o espectáculo?
Lo preocupante no es sólo la gravedad de los hechos que Valencia denuncia, sino la forma en la que decide actuar: sin denunciar formalmente, sin acompañamiento institucional y violando principios fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia.
El diputado actúa como fiscal, juez y justiciero desde el micrófono, poniendo en riesgo no solo la integridad de los señalados —que, culpables o no, aún no han sido juzgados—, sino también la seriedad del combate al crimen organizado en Michoacán.
El uso político del dolor y el miedo como herramienta de posicionamiento público no es nuevo, pero sí alarmante cuando proviene de quienes deberían fortalecer las instituciones, no suplantarlas. Las víctimas merecen justicia, pero también legalidad.
