Omaida Melissa García
Morelia, Mich., a 19 de octubre de 2022.- Colectivas feministas rodean el Palacio del Poder Legislativo, desde la Avenida Madero hasta Aquiles Serdan, las manifestantes se desplazan en busca de accesar al Pleno del Congreso y ser escuchadas respecto de su postura por la abrogación del aborto.
Y es que esta mañana de miércoles, un grupo de manifestantes antiderechos se apersonó en el Congreso del Estado, por lo que personal de seguridad cerró las puertas principales dejando sin acceso no solo a las manifestantes, sino también a medios de comunicación.
Después de un par de horas, los manifestantes se retiraron del lugar, luego de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) decidieran retirar de la orden del día el dictamen que pretendía la supuesta despenalización, así como el dictámen sobre la objeción de conciencia.
Sin embargo la colectiva ILEMich hizo presencia también en el Poder Legislativo y tras manifestarse solicitaron entrar al Pleno para exponer sus inconformidades, al argumentar que el documento que se presentaría deja de lado despenalizar el aborto al seguir considerándolo como un delito.
“Infantiliza, patologiza, estigmatiza y menoscaba a las mujeres que han decidido libremente interrumpir su embarazo al obligarlas a ingresar a un programa de educación sexual y atención psicológica” destacán.
Añaden además que en el dictamen se propone pena de prisión a quien acompañe a una mujer que ha decidido abortar voluntariamente, estableciendo que el aborto no será castigado si se realiza dentro de las primeras doce semanas de gestación, pero únicamente como una cláusula que resulta confusa y contradictoria (excluyente de responsabilidad penal, inciso a, artículo 146).
No reforma, además, la Ley de Salud para garantizar el derecho al aborto voluntario, por lo que éste deberá seguir practicándose en clandestinidad y muchas veces en condiciones inseguras.
“En resumen, se nos sigue criminalizando por ejercer nuestro derecho a decidir y pretende dar el tema por concluido, dejando lagunas legales y la posibilidad de que las y los jueces decidan a su criterio si existe responsabilidad legal o no por abortar”.
