Por Omaida Melissa García | 637
Morelia, Michoacán a 09 de julio de 2025.- Con pancartas que exigen el fin de la discriminación y el reconocimiento de su autonomía, comuneros nahuas de la Costa-Sierra de Michoacán irrumpieron este miércoles en el Congreso del Estado para exigir una reforma que garantice su derecho a una educación propia, bilingüe y culturalmente pertinente.
“Con independencia fomentaremos la cultura náhuatl” y “Ya basta de tanta discriminación. Exigimos independencia como etnia náhuatl”, se leía en los carteles desplegados desde la parte alta del Pleno.
La protesta coincidió con la presentación de una iniciativa de reforma que busca atender la grave crisis educativa que enfrentan las comunidades náhuatl de la región. El proyecto propone la creación de un sistema propio de gestión educativa, separado de la Dirección General de Educación Indígena del estado, a la que acusan de abandono, discriminación y centralismo.
Una demanda de fondo: autonomía educativa
La región Costa-Sierra Nahua está conformada por cinco comunidades indígenas: San Juan Huitzontla, San Miguel Aquila, Santa María Ostula, El Coire y Pómaro. Ahí habitan más de 20 mil personas, de las cuales 12 mil hablan náhuatl, según datos del INEGI de 2020. A pesar de esto, la atención educativa que reciben es “insuficiente y culturalmente inadecuada”, denuncian maestros de la zona.
En una carta reciente, el magisterio nahua señaló que los programas federales rara vez se reflejan en su territorio, mientras que los recursos tienden a concentrarse en comunidades purépechas, que son mayoritarias en Michoacán.
Los indicadores son alarmantes: rezago escolar, pérdida del idioma náhuatl, deserción temprana y materiales exclusivamente en español. Los cargos clave en educación indígena —acusan— han estado históricamente en manos de otras etnias, sin posibilidad de rotación ni representación para los nahuas.
Derechos reconocidos, obligaciones incumplidas
La Constitución mexicana establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la autonomía, lo que incluye decidir sobre sus formas de organización interna y sus sistemas educativos. Además, la Ley General de Educación y la Ley de Derechos Lingüísticos obligan al Estado a garantizar educación bilingüe, intercultural y con pertinencia cultural.
El marco legal internacional también respalda esta exigencia. El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen el derecho de los pueblos originarios a establecer y controlar sus propias instituciones educativas.
¿Y ahora qué?
La iniciativa presentada busca revertir el rezago estructural con un enfoque que respete la identidad lingüística y cultural de la comunidad náhuatl. Sin embargo, su aprobación requerirá voluntad política y diálogo con los actores indígenas.
Mientras tanto, los comuneros que hoy alzaron la voz en el Congreso lo tienen claro: la independencia educativa no es un privilegio, es un derecho largamente postergado.
