Por Omaida Melissa García | 637
Morelia, Michoacán | 3 de julio de 2025.– El Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad una reforma histórica que convierte en delito grave el uso indebido de las pensiones del Bienestar, dirigidas a personas adultas mayores y con discapacidad. La medida, impulsada por el diputado Hugo Rangel Vargas, busca frenar el abuso económico que enfrentan miles de personas en situación de vulnerabilidad.
“La vejez no puede seguir siendo un terreno fértil para el abuso. Lo que hoy aprobamos traza una línea clara entre el derecho y la impunidad”, afirmó Rangel durante la sesión. La diputada Anabet Franco Carrizales, de Morena, también respaldó la iniciativa.
La reforma contempla modificaciones al Código Penal y a la Ley Orgánica Municipal del estado. Establece penas de 6 a 11 años de prisión, multas de hasta 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) y la obligación de reparar el daño para quienes se apropien, sin consentimiento, de los recursos destinados a adultos mayores, aprovechándose de una relación de confianza.
Además, obliga a los gobiernos municipales a proporcionar asesoría jurídica gratuita y acompañamiento legal a las víctimas de este tipo de violencia económica, un paso que Rangel calificó como “decisivo hacia la justicia social”.
Durante su intervención, el legislador del Partido del Trabajo recordó su experiencia al frente de la Secretaría del Bienestar, donde documentó múltiples casos en los que familiares o personas cercanas retiraban las pensiones de adultos mayores con engaños, presión o incluso amenazas. “El aumento en estos casos está respaldado por cifras oficiales: en Morelia, las denuncias se han triplicado en apenas dos años”, añadió.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el maltrato económico en la vejez tiene efectos devastadores en la salud física y mental de las víctimas, y es una de las formas más invisibilizadas de violencia.
Rangel subrayó que con esta reforma, Michoacán se posiciona a la vanguardia en la protección legal de las personas mayores, quienes representan un sector clave de la población. Actualmente, más de 588 mil adultos mayores en el estado reciben la pensión del Bienestar, con una inversión pública superior a los 3 mil 650 millones de pesos cada bimestre.
“Este apoyo no es un favor ni una dádiva: es un derecho constitucional. Y hoy, ese derecho se protege con todo el peso de la ley”, concluyó.
